La historia del edificio Babilonia empezó en junio de 2018, cuando las autoridades de Itagüí, Antioquia, ordenaron la evacuación preventiva del inmueble por fallas estructurales, entonces quedaron desocupados 36 apartamentos y 5 locales comerciales. Desde entonces todo ha estado en un pleito largo en el que los constructores no han dado la cara, sin embargo, este fin de semana todo empeoró cuando el Consejo Municipal de Gestión del riesgo, en compañía de expertos de la Universidad Nacional y la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia, ordenó evacuar 40 viviendas aledañas, incluso el almacén Éxito que está al frente de Babilonia.

Son 82 personas las afectadas con esta decisión que busca salvaguardar las vidas, pues según los expertos la peligrosidad es muy alta y puede haber un colapso. Por medio de un comunicado de prensa, Óscar Darío Muñoz, secretario Jurídico de Itagüí, dijo: “Se llegó a la conclusión de ordenar la evacuación de todas las viviendas hacia el suroccidente del edificio, en razón de la alta peligrosidad de esta (…) Es lamentable para la comunidad de Itagüí que tengamos que tomar esta decisión, pero lo hacemos dentro de las disposiciones legales para preservar la vida y la integridad de habitantes y visitantes”. Con la orden, la Alcaldía declaró la calamidad pública con el decreto 474 del 12 de abril.

Según el periódico del sur del Valle de Aburrá, Ciudad Sur, “el edificio Babilonia registró varios movimientos en la última semana, especialmente entre este jueves y viernes, los cuales fueron identificados por los sensores del Siata”. Sin embargo, aún no hay fecha para la implosión del edificio, pues los estudios se están realizando, según precisó la Alcaldía.

Ángela Ramírez, administradora del edificio, y quien está viviendo en arriendo desde que tuvo que evacuar el año pasado, asegura que todo esto es un drama que se extiende, pues si bien al principio los afectados eran unas 60 personas, ahora los comerciantes de los alrededores empiezan a sufrir porque empiezan a contar un lucro cesante que no saben quién les va a pagar. Y es que la constructora Ruiz Sánchez Asociados y su representante legal y dueño, Gabriel Jaime Ruiz Sánchez, no aparecen desde junio y lo único que se ha sabido de él es que ha demandado al municipio de Itagüí en cuatro oportunidades.

“Todo se ha complicado mucho en los últimos meses. Tuvimos reunión en la Alcaldía y ahí sabemos que somos 45 familias afectadas, seis comerciantes, el Éxito, y esta es gente totalmente desesperada, no tienen para donde pegar. Es increíble como por un grupo de irresponsables se pone en riesgo de la vida de tantas personas. El constructor en una actitud de silencio, nadie lo ubica, a nadie le responde. La aseguradora, Mapfre, no respondió porque el edificio tiene daños estructurales, entonces no hay cobertura”, dijo Ramírez.

Desde el derrumbe de una de las torres del edificio Space, de la constructora CDO, los proyectos inmobiliarios en Medellín y su área metropolitana pasan por una permanente revisión y ya son más de diez las edificaciones que han tenido que ser evacuadas por problemas estructurales. El Concejo de Medellín estima que los estafados en la capital paisa son más de 50 mil personas, lo que podría ser el 25 por ciento de una ciudad como Armenia, Quindío. El concejal Bernardo Alejandro Guerra lo ha llamado desde hace varios meses “el cartel del adobe”.

Y no sólo están los damnificados por el colapso del proyecto Space el 12 de octubre de 2013, quienes aún esperan que la Constructora CDO les responda y que la justicia haga algo por ellos, son muchos los casos de personas que entregaron sus ahorros o que se endeudaron para conseguir un techo. Uno de los casos más notorios es el del grupo empresarial Invernorte conformado por cinco empresas y un grupo de personas naturales —representates legales de dichas empresas— que estaban desarrollando 25 proyectos inmobiliarios soportados ante la Superintendencia de Sociedades y de los que hoy no hay nada, así engañaron a 88 familias que compraron 96 inmueble s en 25 proyecto en Medellín y Bello y pagaron a estas empresas 5.513 millones de pesos.

Otro de los grandes problemas de los casos en que el edificio ya construido tiene que demolerse, es que los constructores nunca dan la cara, siempre se esconden y, según dicen las víctimas, son protegidos por la misma justicia, pues rápidamente estos se declaran en bancarrota y no responden por los perjuicios causados.